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La situación de calamidad pública decretada en Río de Janeiro, a mes y medio de las Olimpiadas, ha destapado el agujero del estado y ha acentuado la preocupación de organizaciones civiles sobre los riesgos que los recortes pueden suponer para celebración de los Juegos.
Amenazado por la quiebra, el gobierno de Río de Janeiro declaró el viernes el estado de calamidad pública en sus finanzas como estrategia para cumplir sus compromisos con los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados el próximo 5 de agosto.
El objetivo, lograr fondos para concluir las obras olímpicas y adoptar medidas excepcionales, como la obtención de préstamos y la firma de contratos sin concurso público.
Tras la declaración, el estado de Río podría conseguir hasta 3.000 millones de reales (unos 840 millones de dólares) de fondos federales, según medios locales, para avanzar en los proyectos inconclusos, como la nueva línea de metro que debe llegar hasta el Parque Olímpico o el pago de las horas extras de los policías que garantizarán la seguridad durante el evento.
El comité organizador de los Juegos ha señalado que el decreto de "calamidad" no tendrá impacto sobre los preparativos de los Juegos, puesto que el comité Río 2016 "no depende de ninguna clase de fondos gubernamentales".