El 10 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 127 constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso de la Unión. La modificación establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario presidencial, lo que equivale a un tope cercano a 70 mil pesos mensuales.
Este ajuste impacta en los montos que reciben jubilados de organismos públicos, generando una reducción que, en algunos casos, alcanzará hasta el 60% de sus ingresos actuales.
¿Qué jubilados tendrán reducción tras la reforma a pensiones doradas en 2026?
De acuerdo con la Alianza Nacional de Jubilados, más de 93 mil trabajadores retirados podrían ver disminuidas sus percepciones. Entre los sectores más afectados se encuentran:
- IMSS y ISSSTE
- Pemex
- CFE
- Banobras
- Luz y Fuerza del Centro
- Exfuncionarios de organismos descentralizados y empresas del Estado
El ajuste se aplicará principalmente a personal de confianza y trabajadores cuyos esquemas de retiro fueron diseñados bajo condiciones distintas a las que ahora fija la reforma.
Es decir, la reforma obliga a los entes públicos a revisar contratos, condiciones laborales y disposiciones jurídicas para ajustarlos al nuevo parámetro. Además, el decreto contempla que el ajuste alcance pensiones vigentes que no estén dentro de las excepciones previstas, ampliando así el impacto de la medida.
¿Qué reacciones se dieron después de la reforma a las pensiones doradas en 2026?
Durante las discusiones legislativas, tras la aprobación de la reforma, se registraron movilizaciones y protestas en distintos puntos del país. Los inconformes sostienen que sus pensiones no son privilegios, sino “derechos adquiridos tras años de servicio”.
La Alianza Nacional de Jubilados anunció que presentará amparos para frenar la implementación de la reforma, al considerar que representa una afectación directa a sus ingresos.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida al señalar que busca eliminar excesos en el sector público y fijar un límite a las pensiones más altas. Durante la presentación de la iniciativa en marzo de 2026, afirmó que la reforma “no es retroactiva en términos legales, ya que no implica devolver recursos, aunque los montos se ajustarán a partir de su aprobación”.
La entrada en vigor de la reforma a las pensiones doradas marca un cambio significativo en los esquemas de retiro del sector público en México. Con un tope máximo de 70 mil pesos mensuales, más de 93 mil jubilados de instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE enfrentarán reducciones que podrían alcanzar hasta el 60% de sus ingresos.
Mientras el gobierno federal sostiene que la medida busca equidad y austeridad, los jubilados afectados consideran que se trata de una vulneración a derechos adquiridos, lo que anticiparía una disputa legal y social en los próximos meses.
*Para más detalles consulta El Financiero.