En una determinación que marca un precedente fundamental para la seguridad social en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que modificó la burocracia administrativa para los deudos de los trabajadores del Estado. A partir de este 2026, el organismo judicial ordenó la supresión de un trámite que, durante años, obstaculizó el acceso inmediato a los recursos económicos de las familias: la acreditación de concubinato mediante sentencia judicial.
Esta medida respondió a una necesidad urgente de justicia social, eliminando candados legales que retrasaban la entrega de apoyos vitales para la subsistencia de los beneficiarios tras el fallecimiento del titular.
SCJN garantiza acceso a pensiones y servicios de salud sin cumplir un plazo mínimo
Históricamente, el sistema de pensiones exigía una comprobación rigurosa y a menudo costosa para aquellas parejas que no contaban con un acta de matrimonio civil. Cuando un trabajador o pensionado fallecía, la pareja en unión libre se veía obligada a iniciar un litigio ante un juez de lo familiar. Este proceso tenía como fin obtener la denominada Sentencia de Jurisdicción Voluntaria de Concubinato.
La Corte analizó las implicaciones de este mandato y concluyó que imponer dicha carga a los dolientes vulneraba derechos fundamentales. Al respecto, el fallo destacó que este requisito representaba una barrera económica y burocrática significativa para los beneficiarios de los pensionados, situación que dejaba en la indefensión a un sector vulnerable, compuesto mayoritariamente por mujeres adultas mayores, quienes debían esperar meses o años para ver resuelta su situación jurídica y financiera.
La eliminación de este paso no solo reducirá la carga procesal en los juzgados familiares, sino que dignificará el trato hacia los deudos, quienes ya no requerirán obligatoriamente la contratación de un abogado para esta fase inicial del reclamo de sus derechos.
El argumento central del Máximo Tribunal radicó en que condicionar el acceso a la seguridad social a la presentación de un documento judicial específico transgrede el derecho a la protección de la familia. La Corte estableció que la relación de hecho puede demostrarse por vías menos lesivas y más expeditas.
Bajo los nuevos lineamientos para 2026, la existencia de la relación de pareja podrá acreditarse mediante otros instrumentos legales y administrativos. Entre las opciones validadas se encuentran las actas de designación de beneficiarios, constancias administrativas, testimonios o la comprobación de hijos en común. Estos elementos serán suficientes para acreditar la convivencia y la dependencia económica, permitiendo que el Instituto procese los pagos sin la necesidad de una resolución de un juez.
La resolución tiene un alcance retrospectivo en cuanto a la corrección de normativas obsoletas. La información oficial subrayó la importancia de esta actualización: "Con esta decisión, la SCJN actualiza criterios emitidos hace más de una década y garantiza que puedan acceder a pensiones y servicios de salud sin cumplir un plazo mínimo”. De esta forma, se armonizaron los reglamentos internos con los estándares actuales de derechos humanos.
Actualización operativa en el ISSSTE tras el fallo de la SCJN
La implementación de este fallo obligará al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a realizar ajustes inmediatos en su operación interna. Todas las delegaciones del país deberán modificar sus manuales de procedimientos para aceptar la documentación simplificada y dejar de exigir la sentencia judicial.
Se prevé un escenario de alta demanda administrativa en el corto plazo. Las autoridades estiman un incremento notable en las solicitudes de pensión por viudez en los meses venideros. Esto se debe a que existen numerosos expedientes que se encontraban “congelados” o detenidos por la imposibilidad de los solicitantes de costear o concluir el juicio de concubinato.
El objetivo final es asegurar que el pago y los servicios de salud se liberen de manera oportuna, respetando el duelo y la necesidad económica de las familias, cumpliendo así con el mandato constitucional de una seguridad social accesible y libre de formalismos excesivos que atenten contra la dignidad de las personas.
