En su vida deportiva, a Julio César Chávez Jr siempre se le ha cuestionado y criticado por nunca haber correspondido a las expectativas del apellido, pero algo muy distinto es que se le asocie con el narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada, algo que el Hijo de la Leyenda rechaza tajantemente, mientras está vinculado a proceso.
Actualmente en México, tras ser extraditado desde Estados Unidos, en donde fue detenido a inicios de julio por elementos de ICE, el boxeador lamenta que su nombre esté ligado con algunos de los grupos criminales más temidos del país y a nivel global, negando cualquier conexión con ellos.
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JC Chávez Jr clama su inocencia: ‘Yo no estoy ligado a cárteles’
Aceptando que ha conocido gente “de todo tipo” en su vida, pero sin que ello signifique tener alguna relación con ellos, Chávez Carrasco explicó que jamás ha tenido la necesidad de caer en esa clase de malos pasos para ganarse la vida y hay mucha gente que podría dar fe de ello, según sus palabras.
“Sí, claro (soy inocente), yo no soy traficante, en Culiacán y todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cartel o esas cosas yo no, gracias a Dios no he tenido la necesidad”, aseveró en una charla con TUDN.
“Fue un shock para mí, yo jamás me esperaba que me detuvieran… me salía a pasear en mi patín, un scooter, y a la segunda vuelta llegaron las patrullas, eran cinco. Yo les decía que tenía Visa y me la cancelaron ese mismo día”, añadió.
¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr? Su situación legal
El hijo del legendario Julio César Chávez enfrenta graves acusaciones relacionadas con el crimen organizado y vínculos con el Cártel de Sinaloa. En México, desde marzo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por delincuencia organizada en la modalidad de introducción ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos al país.
En Estados Unidos, fue arrestado en enero de 2024 por posesión ilegal de armamento y, más recientemente, en julio de 2025 en Los Ángeles por fraude migratorio —al mentir en su solicitud de residencia permanente— y estancia ilegal, lo que derivó en su deportación.
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Actualmente, tras su deportación de EE.UU. en agosto de 2025 y detención inmediata en México, un juez federal lo vinculó a proceso por los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero le otorgó libertad provisional con restricciones estrictas: no puede salir del país, ni acercarse a testigos, y debe cumplir con presentaciones periódicas.
La FGR tiene tres meses para fortalecer las pruebas, con la próxima audiencia programada para el 24 de noviembre de 2025; si no presenta evidencia sólida, podría no formalizarse la acusación. Su defensa califica los señalamientos como “anécdotas de camaradería” sin sustento, y el caso podría acarrearle hasta décadas de cárcel si se declara culpable.