Las graves acusaciones contra Omar Bravo han sacudido al mundo del futbol y a la sociedad mexicana en general. El que fuera delantero referente de las Chivas no puede gozar de la mínima concesión por ser una figura pública, aseguró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
Una denuncia en contra del exfutbolista, que jugó el Mundial 2006 con México, permitió que se emitiera una orden de aprehensión en su contra, de parte del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial, misma por la que hoy ya está detenido.
‘Me duele como aficionado de Chivas’; gobernador, sobre situación de Omar Bravo
Lemus Navarro fue cuestionado por los medios sobre el gran escándalo que rodea al máximo goleador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, equipo del que el gobernador es aficionado, pero ante acusaciones tan graves no hay atenuantes.
“El que la hace, la paga. Lamento muchísimo esto porque nos duele como aficionados al futbol, como aficionado de Chivas. Yo conozco a Omar desde hace algunos años, pero no podemos tapar el sol con un dedo”, declaró el político.
“El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves, quien la hace la tiene que pagar, independientemente de quien sea. En Jalisco estamos demostrando que se imparte justicia, a diferencia de otros estados en donde quiere proteger a algunas personalidades”.
¿De qué acusan a Omar Bravo?
El que fuera futbolista de Chivas, Tigres, Cruz Azul, Atlas y del Deportivo La Coruña español, entre otros, ha visto manchada su trayectoria por acusaciones de abuso sexual infantil agravado.
El pasado 4 de octubre, Bravo Tordecillas fue detenido en Zapopan por la Fiscalía estatal tras una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo de Control para Adolescentes.
Se le imputa haber abusado sexualmente de una adolescente de 17 años en múltiples ocasiones durante los últimos meses, con hechos que supuestamente iniciaron cuando la víctima tenía 11 años en 2019, incluyendo tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de maltrato.
La denuncia se sustenta en testimonios, una grabación de las agresiones y evidencia de una relación de confianza, ya que la menor vivía con él. En su audiencia inicial el 5 de octubre, se le impuso prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano de El Salto, y la próxima vinculación a proceso está programada para el 10 de octubre; si se prueba, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.
