Apenas un día después de haber sido deportado a México (19 de agosto de 2025), y trasladado al Cefereso número 11 en Hermosillo, el boxeador Julio César Chávez Jr. interpuso un juicio de amparo indirecto en el que reclamó privación de la libertad e incomunicación por parte de las autoridades federales.
De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, el recurso quedó registrado en el expediente 1546/25, en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Sonora. La defensa de Chávez Jr. sostiene que el expugilista fue privado de sus derechos fundamentales durante su ingreso al penal de máxima seguridad.
Este amparo busca frenar los efectos inmediatos de su reclusión y abrir una vía legal que permita protegerlo, mientras se desarrolla el proceso en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. Para sus abogados, la medida representa una estrategia procesal que podría darle margen en un caso de gran repercusión mediática y judicial.
Deportación y traslado al penal de Chávez Jr.
El 18 de agosto, Chávez Jr fue entregado a las autoridades mexicanas tras permanecer más de un mes bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Su detención ocurrió el 2 de julio en Studio City, California, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cumplimiento de una orden de aprehensión, emitida en marzo de 2023 por un juez federal en México.
El Departamento de Seguridad Nacional lo catalogó como “migrante ilegal, amenaza para la seguridad pública y presunto integrante del Cártel de Sinaloa”, razón que justificó su deportación y posterior reclusión en Sonora bajo estrictas medidas de vigilancia.
La investigación contra Chávez Jr. que lo vincula con el Cártel de Sinaloa
El caso de Chávez Jr. se originó en una denuncia presentada por la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2019, cuando comenzó la persecución de una red de tráfico de armas y drogas al servicio del Cártel de Sinaloa, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
El Poder Judicial de la Federación recibió documentación en la que se detalló cómo el grupo adquirió armas en Nogales, Arizona, para trasladarlas clandestinamente a México. Entre los 13 señalados figuró el expúgil, cuya relación con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y sus operadores, como El Nini, fue considerada un elemento de peso en la acusación.
Incluso, en una de las declaraciones se relató que Chávez Jr. habría golpeado a un joven allegado a ese grupo criminal, supuestamente a petición de El Nini, lo que reforzó los señalamientos sobre su cercanía con Los Chapitos.
Basado en estas pruebas, un juez mexicano libró órdenes de captura contra los implicados, ya que consideró que existían indicios suficientes para suponerlos responsables de delincuencia organizada con fines de tráfico y fabricación de armas.
Chávez Jr.: un proceso legal en desarrollo
Por ahora, la decisión sobre el amparo solicitado será crucial. En caso de que proceda, Chávez Jr. podría obtener medidas menos restrictivas durante el proceso; en caso contrario, deberá continuar recluido en el penal de máxima seguridad.
La defensa del pugilista sostiene que su cliente es víctima de un proceso irregular; mientras, las autoridades federales afirman contar con pruebas sólidas que lo vinculan con actividades ilícitas de alto impacto.
El desenlace de este recurso legal marcará el rumbo del caso, uno de los más mediáticos en los que se involucró a un deportista mexicano por presuntos nexos con el crimen organizado.