La Fiscalía española presentó una apelación ante el Tribunal Supremo contra la absolución del exfutbolista Dani Alves, por una acusación de delito de agresión sexual, al considerar que el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) incurre en errores de valoración de pruebas y enjuiciamientos morales improcedentes hacia la denunciante.
El origen del caso Dani Alves y la sentencia anulada
En 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual contra una mujer en los baños VIP de una discoteca de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre de 2022.
Según el testimonio de la denunciante, el exjugador de Pumas y Barcelona la forzó a mantener relaciones sexuales no consentidas. Alves, por su parte, cambió en varias ocasiones su versión de los hechos, aunque terminó asegurando que el acto fue consentido.
Sin embargo, a finales de marzo de 2025, el TSJC anuló dicha sentencia al considerar que existían “insuficiencias probatorias” y que el testimonio de la víctima no era “fiable”. Esta decisión absolvió a Alves, quien ya se encontraba en libertad condicional desde hacía un año tras pasar 14 meses en prisión preventiva.
Críticas de la Fiscalía a la decisión del TSJC
La Fiscalía, en el escrito de su recurso, criticó el fallo del TSJC, calificando la valoración de pruebas como “irreflexiva e irracional”. La Fiscalía señaló que la sentencia incurrió en inferencias arbitrarias, especialmente en la interpretación de las imágenes captadas por cámaras de seguridad que, según los jueces, contradecían el relato de la denunciante.
En uno de los pasajes más críticos, el recurso señaló que el tribunal “parecería recuperar el postulado medieval de la mujer que consiente en embriagarse con un hombre consiente en todo”. La Fiscalía argumentó que la conducta previa al presunto delito no puede ser utilizada para desvirtuar el consentimiento, y que el análisis realizado por el tribunal de apelación incurre en sesgos de género y desprotección jurídica para la mujer.
La decisión fue muy criticada desde sectores feministas, así como por varios ministros del Gobierno que preside Pedro Sánchez.
El recurso de la Fiscalía representó un nuevo capítulo en uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España, en el que se debaten temas clave como la interpretación judicial del consentimiento, la fiabilidad del testimonio de la denunciante y la imparcialidad en casos de agresiones sexuales. La decisión del Tribunal Supremo será determinante para establecer precedentes en este tipo de denuncias.
